Reforma a ley de tierras en Venezuela promueve equidad en el campo

Caracas, 16 jun (PL) El proyecto de reforma a la ley de tierras y desarrollo agrario, aprobado por el parlamento venezolano, despierta hoy expectativas en ese sector, al condenar el latifundio y toda forma de arrendamiento.

  La normativa sancionada la víspera por la Asamblea Nacional, declara como sujetos prioritarios de adjudicación de tierras a los campesinos que las han ocupado históricamente así como a la mujer que asume el trabajo agrícola como medio de sustento para su familia.

El documento constituye un logro de la revolución bolivariana (proceso de cambios iniciado en 1999), opina el diputado Mario Isea.

Según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el proyecto que será remitido al ejecutivo para su promulgación, hace justicia a los grupos más vulnerables y ofrece garantías jurídicas al sector privado para la tenencia de la tierra, siempre que demuestre la propiedad de las mismas.

La tercerización, el arrendamiento y el latifundio, son una suerte de remanentes del esclavismo y el feudalismo, instrumentos mediante los cuales los terratenientes mantenían a trabajadores y campesinos sin salarios dignos ni seguridad social, enfatizó Isea.

Como tercerización se entiende el otorgamiento a un tercero del derecho de usufructo sobre la tierra o el mandato de trabajarla, mediante la gestión de intermediarios.

La ley, agregó, crea una plataforma jurídica para que el Estado reordene el uso de la tierra con vocación agrícola y así satisfacer, a mediano y largo plazo, las necesidades alimentarias de la población venezolana y no sólo de un sector específico interesado en enriquecerse a costa de la destrucción ambiental y la explotación de los labriegos.

El vicepresidente de dicha comisión, diputado Braulio Álvarez, precisó que el artículo 7 prohíbe el latifundio y la tercerización por ser mecanismos contrarios al espíritu y propósito de la Constitución Nacional.

Mientras los artículos 13 y 14 consideran a los campesinos como sujetos prioritarios para la adjudicación de los terrenos que rescate y expropie el Instituto Nacional de Tierras (Inti), enfatizó.

El gobierno venezolano, recuperó el pasado año más de 500 mil hectáreas de suelos cultivables que estaban en manos privadas, procedimiento que proseguirá este año con el fortalecimiento de estructuras productivas en esos sitios.

Este proceso de rescate se aplica cuando se demuestra la ociosidad o la ilegalidad de la posesión de las tierras, explicó el vicepresidente Elías Jaua.