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Periodismo y solidaridad automática - Vladimir Villegas |
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Escrito por Administrador del Sistema
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jueves, 23 de marzo de 2006 |
TIEMPO DE CAMBIOS
Vladimir Villegas
El Nacional
El debate sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela sigue dándose desde posiciones radicalmente opuestas y con pocas posibilidades de llegar a acercamientos en cuanto a lo que realmente está ocurriendo en este campo. Y es lógico que sea así, porque la polarización política inundó prácticamente todas las áreas del quehacer nacional, incluido, por supuesto, el ámbito de la comunicación social.
Nunca como ahora los periodistas habíamos asumido un papel protagónico en la política, a la cual éramos convidados de piedra para reproducir diariamente la diatriba partidista. Ese límite formal entre periodismo y política se fue rompiendo simultáneamente con el agrietamiento del puntofijismo.
Vale recordar que en los comicios de diciembre de 1993 unos cuantos reporteros fuimos elegidos como diputados, entre ellos Martín Pacheco, Alexis Rosas, Luis Rafael Martínez este servidor. Ello se repetiría en l998 y en la Asamblea Constituyente de 1999. De más está recordar que un buen grupo de colegas formó parte muy activa en la campaña electoral del presidente Hugo Chávez.
Dos años antes de que esto ocurriera, algunos colegas muy conocidos acompañaron de una u otra forma las insurrecciones militares de 1992. Otros no nos vinculamos a estas acciones pero sí fomentamos y participamos del paro de la prensa realizado ese mismo año para exigir la restitución de las garantías constitucionales, suspendidas por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez debido al pronunciamiento militar del 4 de febrero. Por cierto, como consecuencia de esa acción de protesta, boicoteada por algunos medios sumisos al gobierno perecista, varios colegas fueron despedidos e incluso echados de las redacciones en forma humillante. Esta anécdota no viene al caso, pero es bueno hurgar un poco en la historia para recordar quiénes ejecutaron esos despidos. Encontraríamos algunas sorpresas, porque se trata de las mismas voces que hoy se presentan como víctimas de una escalada del Gobierno contra la libertad de expresión.
El fondo del asunto
Como no deseo irme por la tangente, dejo esos comentarios de lado para quien quiera ir un poco más al fondo a lo ocurrido en nuestro gremio durante ese tiempo. Pero vamos a lo actual.
Por razones de solidaridad gremial es natural que tengamos la tendencia a manifestarnos al lado del colega que se encuentre sometido a juicio, preso o perseguido o incluso en una situación de reclusión domiciliaria sin custodia policial.
En lo particular no hago fiesta porque algún periodista, opositor o no, esté en medio de uno de estos supuestos.
Pero tampoco me siento obligado a sumarme al coro de la solidaridad automática y acrítica que nos inunda por estos días, y menos si a ese coro de hipocresías se agrega la siempre sospechosa Sociedad Interamericana de Prensa, organización que encarna precisamente los intereses contrarios a la libre expresión del pensamiento y a los principios gremiales en defensa del derecho a la información.
En esas asambleas de dueños de medios toman asiento conocidas figuras empresariales de la gran prensa del continente, y muchas de esas personalidades son precisamente portadoras de un amplio récord en censura, censura previa, manipulación informativa, despido de periodistas y asociación con regímenes dictatoriales.
Decía que no me sumo al coro de la solidaridad automática porque ello implicaría dejar de lado la obligación que tenemos de ir al fondo del asunto.
Tiene razón José Vicente Rangel cuando afirma que la libertad de expresión también implica responsabilidad con respecto a lo que se dice.
Y miren que si en algún país se ha dicho de todo es en la Venezuela de los últimos siete años, período que sin duda puede ser bautizado como el de destape de la libertad de expresión.
Periodismo e impunidad
Si bien el periodismo, por naturaleza, tiene la tendencia a enfrentarse con el poder en cualquiera de sus manifestaciones, no debe asirse de esa excusa para confundir la mentira, las medias verdades o los más infundados rumores o chismes con la libertad de expresión.
Por ese camino atentaríamos contra el derecho que tienen los ciudadanos a la información veraz y oportuna, y a la vez colocaríamos en severo riesgo la honorabilidad personal y familiar de individuos que bien pueden ser funcionarios de relieve o ciudadanos sin ninguna relación con factores de poder político, económico o de otra índole. Y aquí vale hacer una distinción entre quienes han mentido por falta de rigurosidad en su trabajo, por haber sido sorprendidos en su buena fe, y quienes lo hacen con premeditación y alevosía. Los hay de las tres categorías, pero creo que en el último renglón hay muchísimos ejemplos, y de los más protuberantes.
Todos ellos ligados a los episodios que condujeron al golpe de Estado de abril de 2002 y a episodios de violencia y sabotaje posteriores.
Considero que quienes han desplegados versiones sobre la planificación de asesinatos políticos en supuestas reuniones del gabinete del presidente Chávez lo han hecho con el deliberado propósito de causar daño y desestabilizar. Lo mismo digo con respecto a quienes divulgaron la especie de que Aristóbulo Istúriz compró un yate con dineros malhabidos o de quienes pretendieron involucrar al vicepresidente Rangel y a otros funcionarios en un presunto cobro de comisiones. Esta opinión es tan válida como la de quienes afirman que estamos ante una arremetida gubernamental contra la libertad de expresión. Es cuestión de debatir ambos supuestos.
El papel del CNP
Evidentemente, no soy juez para absolver o condenar a nadie. Pero sí reivindico el derecho de los ciudadanos de defenderse de los abusos que puedan cometer los propietarios de medios o que podamos cometer los periodistas. Cualquier acción que un ciudadano interponga para defenderse de una calumnia o campaña sucia en su contra no puede considerarse una arremetida del Estado contra la libertad de expresión.
En lo particular, he sido víctima de estas guerritas, y en una oportunidad me vi obligado a acudir a la Fiscalía General de la República para que se investigara la veracidad de unas acusaciones en mi contra contenidas en un anónimo que publicó Nelson Bocaranda. La Fiscalía, al parecer, dejó las cosas de ese tamaño, y francamente, no ando en la tónica de remover ese asunto, aunque me sienta vulnerado en mis derechos tanto por la acción del colega Bocaranda como por la inacción del Ministerio Público.
Por ahora quiero hacer hincapié en que debe crearse un espacio plural para realizar un juicio crítico al periodismo venezolano, sin intolerancias y sin violencia. El Colegio Nacional de Periodistas, hoy venido a menos por su conducción oportunista y plegada a los intereses de los propietarios de medios, debería estar llamando a ese debate. No puede ser que la rigurosidad profesional esté supeditada al cálculo politiquero, y que los sancionados de ayer por graves faltas al Código de Ética sean convertidos hoy en mártires del periodismo, todo en nombre de la solidaridad automática.
Sé que algunos colegas, hoy de oposición, comparten en el fondo este criterio, porque conocen muy bien a los personajes de estas historias. Pero guardan silencio.
No critico que el Colegio brinde apoyo a los periodistas que por una u otra razón estén siendo sometidos a procesos judiciales. Pero ello no es contradictorio con otro deber que tiene el organismo gremial de atender las denuncias contra algunos colegas acusados de violar el Código de Ética. |
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