El gobierno de Nicaragua concedió este martes el asilo político al líder indígena peruano Alberto Pizango, quien se vio obligado a abandonar su país ante la orden de detención en su contra, tras haber impulsado una protesta indígena para defender sus derechos ancestrales.
El embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, confirmó que su gobierno le otorgó el asilo político al considerar que el caso de Pizango tiene todas las características de perseguido político, además informó que la Organización de Estados Americanos (OEA) está estudiando la masacre cometida en la Amazonia peruana.
"Tiene todas todas las características de ser un hecho político que está siendo examinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que está siendo examinado por el Congreso del Perú. Entonces, nuestra única alternativa, tomando en cuenta el espíritu solidario que tiene el presidente Daniel Ortega con los que se suponen son perseguidos políticos, se le otorgó el asilo al señor Alberto Pizango", expresó Borge.
Sobre la acusación contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, que fue señalado por el Gobierno peruano de intervenir en el conflicto, del cual se derivó el genocidio en el que murieron más de 40 indígenas producto de una sangrienta represión policial, Borge indicó que el Gobierno boliviano, junto a los de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, respeta los asuntos internos de cada nación.
"No conozco tan a profundidad el problema pero me atrevo a afirmar que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y el de Nicaragua también, son muy respetuosos de los asuntos internos de cada país. Hay una leyenda, han satanizado especialmente a Venezuela en ese sentido. Ahora también lo están haciendo con Bolivia y no se queda al margen Ecuador y tampoco Nicaragua", aseveró el diplomático nicaragüense.
La corresponsal de teleSUR en Nicaragua, Adriana Sivori, reportó que ahora sólo se espera que Perú le otorgue el salvoconducto que le permita viajar a Nicaragua, obligado por la orden de detención que le impusiera el gobierno del presidente Alan García. Asimismo, la corresponsal de teleSUR en Lima, Verónica Insausti, reveló que el primer ministro peruano, Yehude Simon, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanilla, comparecieron el pasado lunes ante la Comisión de Defensa del Congreso peruano, para dar explicaciones sobre los hechos ocurridos en Bagua.
"Por su parte, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, presentó la noche de este lunes su renuncia irrevocable ante el presidente Alan García, por estar en desacuerdo con el Gobierno Nacional por el manejo del conflicto de los nativos", apuntó Insausti en su reporte.
Vildoso confirmó que "he presentado mi renuncia irrevocable y la hice llegar a Palacio de Gobierno ayer lunes. Anteriormente no tuve intención de renunciar", dijo en declaraciones a medios peruanos.
No obstante, el premier Simon y la ministra Cabanilla han dicho que no van a renunciar, en respuesta a la exigencia de las organizaciones sociales y políticas que les han pedido que abandonen sus cargos tras los hechos del fin de semana.
"Se espera que en el transcurso del día, el gobierno nicaragüense tome la decisión sobre el asilo político a Pizango, quien seguramente la transmitirá a través del canciller peruano, José Luis García Belaúnde, quien oficializara la respuesta del presidente Ortega", añadió la corresponsal.
Los grupos indígenas peruanos han denunciado que el Gobierno lleva a cabo "una persecución" contra los líderes de las comunidades indígenas, que se mantienen en pie de lucha por la derogación de unos decretos que consideran lesivos a sus derechos.
El pasado viernes acciones policiales contra los indígenas provocaron hechos violentos en la Amazonia, que ocasionaron tanto la muerte de más de 30 nativos, según fuentes médicas, como la de once funcionarios de seguridad peruana, aproximadamente.
A partir de estos hechos el Gobierno comenzó a "criminalizar" la protesta indígena, según han denunciado los nativos.
Cerca de 65 etnias de la Amazonia han protagonizado la protesta desde el pasado 9 de abril, con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos que, consideran, pueden quitarles sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.
Entre los reglamentos que rechazan las etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.
Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.
Cabe recordar que el Gobierno peruano en el segundo trimestre del año ha otorgado asilo al opositor venezolano, prófugo de la justicia, Manuel Rosales y a ex ministros bolivianos pertenecientes a la gestión del ex presidente Sanchez de Lozada, quienes están acusados de delitos de lesa humanidad.
