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El asesinato en Venezuela del fiscal Danilo Andersen demostró de nuevo la implicación en el golpismo |
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Escrito por Administrador del Sistema
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viernes, 03 de marzo de 2006 |
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El asesinato en Venezuela del fiscal Danilo Anderson demostró de nuevo la implicación en el golpismo y en el crimen de los medios de comunicación privados
 inSurGente.- A pesar de la importancia que ha tenido desde el principio el atentado con explosivo que mató al fiscal venezolano, Danilo Anderson, quien se encargaba de la investigación de las implicaciones en el golpe de estado del 11 de abril de 2002, el crimen ha sido absolutamente silenciado en los medios de comunicación exteriores de Venezuela. Todo ello tiene su lógica en la complicidad estrecha de la Falsimedia exterior en el prolongado proceso golpista que tuvo episodios de todo tipo: golpe mediático-militar, lock out empresarial y sabotaje petrolero, guarimba; y en las interconexiones personales y profesionales con los asesinos de Danilo. Baste recordar que una de las autoras intelectuales y promotoras directas del asesinato, Patricia Poleo, es hija de empresario mediático y directora de periódico, y fue -hasta que su papel en el proceso involucionista se hizo evidente- la musa democrática por excelencia de periódicos como El País. (En la foto, Patricia Poleo, la niña bien que acabó decidiendo el asesinato y contratando a los sicarios).
Prensa Latina (Miguel Lozano*).- El asesinato de un fiscal venezolano en noviembre de 2004 abrió un proceso que sobrepasó el espacio judicial, para alcanzar hoy implicaciones políticas, mediáticas y hasta internacionales y parte de la pugna entre Gobierno y oposición.
El hecho de que el fiscal Danilo Anderson investigaba a presuntos implicados en el golpe de estado al presidente Hugo Chávez de abril de 2002, abrió de inmediato la posibilidad de un crimen político, cuando ocurrió su muerte.
A ello se sumó que el vehículo en que viajaba fue hecho volar con explosivo C-4, un elemento preferido de algunos servicios secretos como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y grupos paramilitares.
Las autoridades venezolanas siguieron las pistas y arrestaron a los autores materiales, quienes fueron capturados y condenados a penas de 27 a 30 años de cárcel en un proceso que dejó abiertas muchas incógnitas.
La principal de esas interrogantes sigue radicando en las motivaciones del crimen, respuesta que sólo podrán dar los autores intelectuales del asesinato, cuatro de ellos identificados por la Fiscalía General de la República.
La periodista Patricia Poleo, el empresario Nelson Mezerhanne, el general retirado Eugenio Añez y el abogado de origen cubano Salvador Romaní, son sindicados como los promotores del asesinato.
Con la única excepción de Poleo, quien huyó a Estados Unidos para evitar el proceso, los otros tres implicados se encuentran en Venezuela, lo que permite vislumbrar la posibilidad de llegar a la verdad sobre el caso.
En opinión del vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, el fiscal Anderson fue víctima de "los mismos (autores) del golpe del 11 de abril contra la Constitución y la Democracia venezolana".
Son -expresó- los mismos del sabotaje petrolero del año 2002-2003, la guarimba (desobediencia civil), los que colocaron bombas en instalaciones diplomáticas en Caracas y que estimularon el alzamiento de militares traidores y desleales.
Según las denuncias, el asesinato de Anderson era el inicio de un plan subversivo que incluía crímenes de otras personalidades y contó con la participación de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia.
El hilo conductor revelado hasta ahora indica que los autores intelectuales se reunieron en Miami, Panamá y Maracaibo (segunda ciudad venezolana) y entraron en contacto con paramilitares colombianos para ejecutar las acciones.
Uno de estos paramilitares, Giovanni Vázquez, resultó en realidad ser un agente encubierto del DAS, quien confesó haber puesto en contacto a los complotados venezolanos con los irregulares colombianos.
En una entrevista connezolana de televisión, Vázquez explicó que mantuvo enterado a su contacto del DAS,sobre todos los movimientos e incluso la entrega de explosivos.
Las revelaciones del testigo provocaron una ofensiva de medios de información opositores contra la credibilidad de Vázquez, que obligó a los tribunales a emitir una prohibición de publicar las actas del proceso judicial y datos personales de Vázquez.
La medida fue criticada por los medios de difusión opositores que la consideraron violación de la libertad de prensa, lo cual fue rechazado por el Fiscal General, Isaías Rodríguez,y el ministro de Información, Yuri Pimentel, en una interpelación parlamentaria.
En opinión de Pimentel,lo que está en juego no es la libertad de expresión sino la justicia, pues lo medios utilizaron su poder "para enlodar un proceso penal, orientado a identificar los responsables de un crimen de terrorismo"
Precisó que con el propósito de obstaculizar la justicia se acudió a tácticas como la divulgación de actas de un proceso de investigación penal, en violación del artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal.
Además, apuntó, se violó el derecho a la honra, a la impostura, incluyendo la divulgación de testimonios inventados de un supuesto comandante de la Autodefensas Unidas de Colombia, que apreció con el rostro oculto en un canal televisivo.
Los hechos, precisó, demostraron que ni siquiera se trataba de la persona a la cual se referían.
Pimentel indicó que en el caso Anderson el debate se centra en la relación entre el derecho a la justicia, a estar informado en forma veraz y oportuna, mientras los dueños de los medios privados entienden la libertad de expresión como un activo de su propiedad.
En su criterio, una revisión del caso demuestra que no está en juego la libertad de expresión ni la censura, lo que se hace es proteger la vigencia del estado de derecho.
De esta forma lo que Pimentel consideró "cobertura interesada y envenenada" llevó el crimen de Anderson al campo de la ética periodística y el poder de los dueños de medios de difusión, uno de los tantos frentes de batalla de Gobierno y oposición en Venezuela.
*El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Venezuela.
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